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Caso Laura Luelmo: desaparición en El Campillo (Huelva), condena a prisión permanente revisable y la herida que dejó en España
Laura Luelmo tenía 26 años y una forma de mirar el mundo propia de quien enseña: con paciencia, con curiosidad, con esa esperanza tranquila de que lo nuevo siempre puede salir bien. Había dejado Zamora para trabajar como profesora interina en Huelva y acababa de instalarse en El Campillo, un pueblo pequeño donde las distancias se miden en minutos y los vecinos se reconocen por el paso. En lugares así, la confianza suele venir incluida en el paisaje… y por eso, cuando esa confianza se rompe, el sonido de la grieta se escucha durante años.
Llegó a El Campillo a principios de diciembre de 2018, con la vida en modo “empezar”: casa nueva, rutina por construir, calles por aprender. Según se difundió durante la investigación, alquiló una vivienda en la calle Córdoba y se incorporó como docente de dibujo en un centro de la zona (se ha citado el instituto de la cercana Nerva). Son detalles aparentemente normales, pero que después se vuelven punzantes: porque en la memoria de una familia, el último mes de una persona se queda grabado como una serie de escenas simples que ya no se pueden repetir.
El miércoles 12 de diciembre de 2018 fue el día en que se perdió su rastro. La reconstrucción más citada sitúa sus últimos movimientos en gestos cotidianos: salir, hacer una compra, caminar por los alrededores. Hay un punto especialmente triste en esto: el plan no era una noche de riesgo ni un lugar extraño, sino lo que cualquiera haría para despejarse después de una jornada. Y aun así, bastó un instante para que lo cotidiano se volviera amenaza.
Al día siguiente, 13 de diciembre, su familia formalizó la denuncia por desaparición. La noticia corrió rápido: primero por El Campillo, luego por la provincia y, en cuestión de horas, por toda España. En casos así, el tiempo se convierte en un enemigo que aprieta: cuanto más se alarga la ausencia, más crece el miedo, y más difícil se vuelve que la imaginación no se llene de escenarios oscuros.
La búsqueda se desplegó con un dispositivo amplio coordinado por la Guardia Civil, con batidas, rastreos y apoyo de unidades especializadas. Mientras tanto, el pueblo se llenó de caras tensas y miradas al suelo: cunetas, caminos, veredas, cualquier lugar donde una señal pudiera ser la diferencia entre encontrarla o seguir preguntando. La familia, como tantas otras en desapariciones, vivió esa espera que no es espera: es una vigilia permanente, una sensación de que el mundo no debería seguir girando mientras falta alguien.
El desenlace llegó el 17 de diciembre de 2018, cuando se localizó un cuerpo en un paraje conocido como La Mimbrera / Las Mimbreras, a varios kilómetros de El Campillo. Poco después se confirmó que era Laura. Ese momento, más allá del titular, es el instante en que una familia entiende que ya no queda vuelta atrás y que la vida ha cambiado para siempre, incluso aunque el resto del mundo siga llamándolo “un caso”.
Con la confirmación, la investigación se concentró en el entorno cercano. El 18 de diciembre de 2018, Bernardo Montoya, vecino de la zona, fue detenido como sospechoso. Se informó entonces de un dato que multiplicó el impacto social: llevaba poco tiempo en libertad tras cumplir condenas anteriores por delitos graves. Para muchas personas, esa combinación —pueblo pequeño, vecindad, antecedentes— convirtió el miedo en una pregunta amarga sobre qué mecanismos fallan cuando el riesgo vuelve a caminar por la misma calle.
Durante aquellos días se publicaron hallazgos relevantes para la causa: indicios en la vivienda del detenido y objetos vinculados a Laura encontrados en contenedores cercanos, según informaciones de medios. En paralelo, también se hizo visible un choque que acompañó toda la investigación: distintas estimaciones sobre el momento exacto en que Laura perdió la vida, algo habitual cuando todavía se está construyendo la cronología forense y cada dato requiere confirmación pericial. Ese tipo de matices no son detalle técnico para la familia; son la diferencia entre comprender y quedarse para siempre con un hueco sin respuesta.
El proceso judicial avanzó, y con los años llegó el juicio con jurado en la Audiencia Provincial de Huelva. Fue un procedimiento especialmente sensible, y parte del seguimiento mediático se trató con cautela por el impacto sobre la familia. En noviembre de 2021, el jurado declaró por unanimidad culpable al acusado de los delitos por los que se le juzgaba, incluidos detención ilegal, agresión sexual y el delito de asesinato en términos jurídicos.
El 10 de diciembre de 2021 se dictó sentencia: prisión permanente revisable para Bernardo Montoya, además de 17 años y medio adicionales por detención ilegal en concurso con agresión sexual, y una indemnización total de 400.000 euros para los padres y hermanos de Laura. También se explicó que, para determinados extremos, el tribunal consideró agravantes como la reincidencia y la agravante de género en el tramo correspondiente. Son números fríos para una pérdida tan inmensa, pero ayudan a entender el marco penal que aplicó la Audiencia.
En febrero de 2022 se informó de que la sentencia quedó firme al no ser recurrida por las partes, según comunicación citada por Europa Press. Para la familia, esa firmeza no significa alivio: significa, como mucho, que la justicia ya no se moverá hacia atrás. El duelo, en cambio, no entiende de firmezas; solo entiende de ausencias que vuelven en fechas concretas, en fiestas, en llamadas que ya no se hacen, en una noticia que reaparece y vuelve a abrir la herida.
El caso no se quedó solo en los tribunales. Volvió a encender el debate sobre el seguimiento de perfiles violentos al salir de prisión, la coordinación entre instituciones y la necesidad de que la prevención sea real y no una promesa para después. También dejó una lección dolorosa sobre lo que puede ocurrir cuando el peligro no viene de un lugar lejano, sino de enfrente, de la cercanía cotidiana, del “lo he visto mil veces” que, de pronto, ya no sirve como escudo.
Pero la conversación más importante es la humana: quién era Laura más allá del expediente. Los medios recordaron sus intereses, su entorno y la vida que estaba construyendo, y el país conoció su rostro como se conocen los rostros que no deberían estar en carteles. Detrás de cada foto compartida hubo una familia intentando sostenerse, una pareja, amistades, compañeros de profesión, y un pueblo que aprendió demasiado tarde que la seguridad también puede fallar en el trayecto más corto.
Cuando una historia así se cuenta con respeto, también debe servir para reconocer señales de alerta sin convertir la vida en miedo permanente. Si alguien detecta insistencia tras una negativa, invasión del espacio personal, control, persecución, intimidación o una sensación persistente de peligro, esa incomodidad no es “exageración”: es información. Pedir compañía para volver a casa, cambiar rutinas, avisar a entorno cercano y solicitar ayuda profesional a tiempo puede marcar diferencias reales, especialmente en zonas con menos recursos inmediatos.
Y si la amenaza es inmediata, en España la vía urgente es el 112. Para orientación y apoyo especializado ante violencia contra las mujeres existe el 016 (también WhatsApp 600 000 016 y recursos online oficiales). No hace falta tenerlo “todo claro” para llamar: basta con sentir que algo no está bien. A veces, la primera puerta que se abre es la que evita que el miedo termine ocupándolo todo.